Según el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA), cualquier empresa o persona que desee ofrecer servicios relacionados con criptoactivos dentro de la Unión Europea deberá obtener la autorización correspondiente como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés). Este régimen de licenciamiento se aplica a una amplia gama de actividades, que incluyen la custodia de criptoactivos, la operación de plataformas de negociación, servicios de intercambio de criptomonedas (fiat a cripto y cripto a cripto), gestión de carteras y la emisión de criptoactivos como stablecoins y tokens utilitarios.

El proceso de obtención de la licencia exige que los solicitantes demuestren contar con controles internos adecuados, políticas de gobernanza sólidas, infraestructura de ciberseguridad y resiliencia financiera. Asimismo, deberán implementar marcos robustos de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CTF), en cumplimiento con las Directivas AML de la UE. Las obligaciones de transparencia, los mecanismos de protección al consumidor y las políticas para prevenir conflictos de interés también son elementos centrales del marco regulatorio de MiCA.

Es especialmente relevante que las licencias CASP otorgadas por una autoridad nacional competente permitirán el pasaporte europeo, lo que habilita a las empresas licenciadas a operar en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de obtener autorizaciones adicionales a nivel local. Este marco armonizado busca reducir la fragmentación normativa y fomentar una mayor claridad regulatoria en el sector de los activos digitales.

Las empresas que actualmente operan bajo regulaciones nacionales en materia de criptoactivos deben evaluar cómo se alinean sus autorizaciones existentes con las disposiciones transitorias de MiCA. Es fundamental contar con asesoría legal para determinar si se requiere una nueva autorización y para garantizar el cumplimiento oportuno de todos los hitos regulatorios antes de que el reglamento entre en plena vigencia en 2026.

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