Aportamos experiencia jurídica especializada en regímenes regulatorios tecnológicos que afectan habitualmente a carteras de capital riesgo (VC) y a objetivos de transacción, incluyendo:

• Inteligencia artificial. Riesgo regulatorio vinculado al gobierno de la IA, la transparencia, la seguridad y las obligaciones derivadas de las nuevas normas sobre IA.
  
  
• Propiedad intelectual (PI). Titularidad, cesiones de PI, riesgos de licencias, secretos comerciales y cuestiones de libertad de operación.
  
  
• Derecho de la competencia / antimonopolio. Control de concentraciones, riesgos de cártel, prácticas de distribución y transferencia tecnológica, y exposición por conductas unilaterales.
  
  
• Privacidad y protección de datos. RGPD, ePrivacy y obligaciones sectoriales específicas sobre datos.
  
  
• Blockchain y criptoactivos. Clasificación de tokens, custodia, obligaciones AML (anti-lavado de dinero) y riesgo de licenciamiento regulatorio.
  
  
• Dispositivos médicos y productos sanitarios regulados. Clasificación de productos, aprobaciones regulatorias, gobernanza de datos clínicos y obligaciones postcomercialización.
  
  
• Normativas digitales de la UE. Incluyendo la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Datos de la UE (Data Act), así como sus implicaciones sobre el comportamiento de las plataformas, el acceso a datos, la responsabilidad de los intermediarios y los flujos transfronterizos de datos.

En la prisa por desarrollar productos, alcanzar métricas de crecimiento y cerrar rondas de financiación, muchas start-ups y scale-ups relegan cuestiones básicas de cumplimiento y gobernanza, dejando vacíos regulatorios que permanecen invisibles hasta que resultan costosos.

Si no se abordan, estos vacíos pueden generar una serie de daños evitables, tales como:

• investigaciones y sanciones regulatorias,

• medidas cautelares que retrasan o bloquean transacciones,

• remediaciones costosas,

• responsabilidades imprevistas por indemnizaciones, y

• daños reputacionales tanto para la empresa participada como para sus inversores.

Para una empresa de capital riesgo, esos daños se traducen directamente en:

• disminución del valor empresarial,

• pérdida de confianza de los socios limitados (LPs),

• dificultades en los procesos de salida, y

• mayor fricción en las operaciones (ciclos de due diligence más largos, negociaciones de garantías más duras, exigencias de escrow y ajustes de precio).